LGPD: por qué su empresa ya no puede ignorar la protección de datos

La LGPD (Ley General de Protección de Datos de Brasil), instituida por la Ley n.º 13.709/2018 y vigente desde septiembre de 2020, representa un hito importante en la protección de la privacidad y de los datos personales en Brasil. Inspirada en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), la LGPD establece reglas claras sobre cómo las empresas, los organismos públicos e incluso las personas físicas que actúan de forma profesional deben recopilar, almacenar, tratar y compartir datos de personas físicas.

El objetivo central de la LGPD es garantizar más transparencia, seguridad y control por parte de los titulares sobre su propia información. Se considera dato personal cualquier información que permita identificar a una persona, como nombre, CPF (número de registro fiscal de personas físicas en Brasil), teléfono, correo electrónico y dirección, entre otros. La ley también hace una distinción importante al tratar los llamados datos sensibles, como los relacionados con el origen racial o étnico, las convicciones religiosas, las opiniones políticas, la salud o la vida sexual, que exigen aún más cuidado y protección por parte de quien los maneja.

La aplicación de la LGPD es amplia y abarca cualquier operación de tratamiento de datos realizada dentro del territorio nacional o con el objetivo de ofrecer bienes y servicios a personas ubicadas en Brasil. Esto significa que las pequeñas, medianas y grandes empresas, independientemente de su sector de actividad, están sujetas a la ley. Incluso los negocios que operan solo en línea, como los comercios electrónicos, deben adecuarse a las exigencias legales, so pena de sanciones administrativas que pueden incluir advertencias, multas de hasta el 2% de la facturación anual, el bloqueo o incluso la eliminación de los datos tratados en disconformidad con la ley.

Para adecuarse a la LGPD, es necesario implementar una serie de medidas prácticas y jurídicas. Entre ellas se encuentran el mapeo de los datos recopilados, la revisión de contratos y políticas de privacidad, la definición de las bases legales para el tratamiento de datos y la adopción de sistemas seguros de almacenamiento y control de acceso a la información. También es importante designar a un encargado de protección de datos (DPO), responsable de actuar como canal de comunicación entre la empresa, los titulares de los datos y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), órgano encargado de fiscalizar y aplicar la ley.

Además de ser una exigencia legal, cumplir con la LGPD se ha convertido en un diferencial competitivo en el mercado. Las empresas que demuestran responsabilidad en el tratamiento de datos se ganan una mayor confianza de sus clientes y socios, además de prepararse mejor para las transformaciones digitales, que exigen cada vez más cuidado con la privacidad y la seguridad de la información.

En un escenario en el que el uso de datos se ha vuelto esencial para el desarrollo de estrategias de negocio, la asesoría jurídica cumple un papel fundamental al orientar a las empresas en este proceso de adecuación. Contar con el apoyo de profesionales que comprendan los aspectos legales y técnicos de la LGPD es esencial para garantizar el cumplimiento, reducir riesgos y fortalecer la reputación institucional. Por lo tanto, más que una obligación, la adecuación a la LGPD debe verse como un paso estratégico para el crecimiento sostenible y ético de cualquier organización.